Información previa a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles

El derecho a ser informado de la valoración de bienes aparece caracterizado por su peculiar objeto y efectos, estableciéndose la vinculación de la Administración durante un tiempo limitado.

La información previa se concreta en el valor de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión. Este derecho permite a los interesados activar la concreción por parte de la Administración de una norma de valoración.

Se configura como requisito para la efectividad de este derecho el que la solicitud de información sea previa a la finalización de los plazos para declarar o auto-liquidar.

Son sujetos del deber de prestar la información todas las Administraciones en relación con los tributos cuya gestión les corresponda.

Las principales figuras tributarias que pueden verse afectadas por el ámbito de aplicación de esta norma son:

–IVA e IRPF, en cuyo caso la Administración competente es la estatal;

–ITP y AJD e ISD, siendo competente la Administración de las CCAA;

–IIVTNU plantea menores problemas por el carácter objetivo que presenta la determinación de su base imponible.

Respecto a esta cuestión hay que atender al desarrollo normativo otorgado por las CCAA en orden a la determinación del procedimiento específico.

La información sobre el valor proporcionada por la Administración tiene efectos vinculantes para esta durante un plazo de tres meses contado desde la notificación al interesado, siempre que la solicitud se haya formulado con carácter previo a la finalización del plazo para presentar la correspondiente auto-liquidación o declaración y se hayan proporcionado datos verdaderos y suficientes a la Administración tributaria.

Dichos efectos vinculantes sólo operan cuando la información haya sido suministrada por la Administración tributaria gestora del tributo que grave la adquisición o la transmisión y en relación con los bienes inmuebles situados en el territorio de su competencia.

La falta de contestación en el plazo de tres meses no implica la aceptación del valor que, en su caso, se hubiera incluido en la solicitud del interesado, si bien no se regulan consecuencias para el caso de silencio de la Administración.

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